Palma, 21 de junio de 2015. Ciudadanos (C’s) Baleares manifiesta su absoluta incredulidad ante la redacción, por parte de los grupos políticos PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca, Podemos y Gent per Formentera, de una declaración en la que se expresa, lisa y llanamente, el rechazo a aplicar la LOMCE. Semejante declaración resulta tanto más sorprendente cuanto que incluye una serie de medidas sobre las que el Govern no tiene competencias y cuanto que ha sido formulada por unas formaciones que ni siquiera han alcanzado, de momento, un acuerdo de gobierno.

Los servicios jurídicos de partidos, sindicatos y asociaciones saben que una Comunidad Autónoma no puede decidir unilateralmente no aplicar la LOMCE o modificar los currículos (organización de trayectorias, asignaturas, contenidos básicos y evaluación en las diferentes etapas educativas). Así lo recoge la propia ley orgánica en su artículo 6 bis, que lleva por título ‘Distribución de Competencias’. Toda ley orgánica recoge para su aprobación, modificación o derogación la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.

No se entiende, pues, que esas formaciones políticas elaboren un documento donde se anuncia que se “promoverá la recuperación por parte de los centros de sus proyectos educativos”, cuando saben de sobra que una ‘vuelta atrás’ es organizativamente imposible en pleno curso, a parte de constituir un posible delito de prevaricación por parte de los directores que accedan a ello.

Tampoco tiene ningún sentido –como no sea el de buscar un enfrentamiento institucional– que en el documento se proponga “impulsar en el Parlamento de las Islas Baleares una Proposición de ley al Congreso de los Diputados para modificar el calendario de implantación del nuevo sistema LOMCE, amparándose en el artículo 87.2 de la Constitución”, a sabiendas de que dicha proposición de ley no será nunca aprobada por el Congreso.

Ciudadanos (C’s) Baleares cree que los partidos que aspiran a conformar el nuevo gobierno deberían dejarse de comunicados sobre cómo van a intentar eludir la legalidad vigente. Semejante práctica no hace sino confundir y preocupar a muchísimas familias, hartas de soportar una educación politizada donde los únicos que salen perdiendo son los niños.

Dichos partidos tienen todo el derecho a discrepar de la LOMCE, pero, si quieren modificar determinados aspectos de la ley o incluso derogarla por completo, deberán seguir los cauces institucionales previstos. Mientras tanto, su obligación como futuros e hipotéticos gobernantes no debería ser otra que velar para que los niños de Baleares comiencen el curso con normalidad.

Todo indica, en definitiva, que esa declaración anti-LOMCE obedece al propósito de contentar a las organizaciones educativas afines y de apaciguar, a un tiempo, sus ánimos, algo alterados por el espectáculo protagonizado por unas fuerzas políticas más preocupadas por la obtención de una ‘silla’ que por atender sus demandas.