· La diputada de Cs Patricia Guasp asegura que “estamos de acuerdo en la puesta en marcha de una verdadera Oficina contra el Fraude y la Corrupción en la gestión pública, que sea independiente y siempre con el objetivo de recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones”

Palma, 13 de agosto de 2019. El Grupo Parlamentario Ciudadanos Baleares valora negativamente la gestión y el desempeño de la Oficina Anticorrupción de Baleares. La formación naranja considera que no sólo no está cumpliendo con el objetivo de recuperar la confianza de la población en las instituciones, sino que además, supone un coste totalmente sobredimensionado para los bolsillos de los ciudadanos de Baleares.

La diputada y portavoz adjunta de la formación naranja, Patricia Guasp, ha explicado que: “Desde Cs estamos de acuerdo en la puesta en marcha de una verdadera Oficina contra el Fraude y la Corrupción en la gestión pública, que sea independiente y siempre con el objetivo de recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Sin embargo, no estamos de acuerdo en cómo se ha desarrollado esta oficina, ya que desde que fue creada hace ya 3 años solo ha servido para sobredimensionar el Sector Público, sin acciones concretas y sin ejercer con sus funciones”.

“Mostramos nuestro desacuerdo, como ya denunciamos en su momento, con la opacidad en el nombramiento de su gerente y con su salario de 95.000 euros, por ser claramente abultado y no guardar relación con el sueldo que perciben los directos generales, ni los gerentes del Sector Público Instrumental”, ha subrayado.

La diputada ha señalado, además, que “no conformes con ello, ahora parece que quieren engordar aún más el gasto público con el alquiler de un nuevo local. Una factura que siempre acaban pagando los ciudadanos. Un ente que cuesta un millón de euros y no se sabe muy bien qué hace, ni sus funciones, ni si se está investigando algún caso de corrupción o fraude en la administración”.

Asimismo, Patricia Guasp, ha querido destacar que se trata de “un ejemplo más que justifica la necesidad de llevar a cabo una auditoría operativa y funcional de economía y de eficiencia del gasto para detectar entes instrumentales que carezcan de utilidad y se pueda reorientar el gasto a servicios esenciales para el ciudadano”.

Por último, Guasp ha querido manifestar “una vez más, nuestro compromiso con la tolerancia cero contra la corrupción y apelamos a la necesidad de implementar acciones y protocolos que garanticen la regeneración democrática”.