El vicepresidente segundo y consejero de Innovación, Transparencia, Participación y Transportes por Ciudadanos, Javier Torres, y el consejero balear de Movilidad y Vivienda, Josep Marí ‘Agustinet’ ha firmado el acto de cesión de material por el que el Govern balear cederá 8 máquinas de comprobación y expedición de billetes de transporte para su utilización hasta la entrada en funcionamiento de la nueva concesión.
Aprovechando el encuentro, los consejeros han tratado diversos temas, como la regulación de las licencias VTC, que el Consell de Ibizafue la primera institución en las Islas Baleares en pedir. El conseller Javier Torres ha recordado que Eivissa es la isla donde más licencias de VTC se han pedido y como tal, “si se está trabajando en un texto, el Consell d’Eivissa debería tener voz en todo el proceso previo a la redacción para que ésta esté ajustada a la realidad de todas las islas”, después de que el sector comunicara al Consell la existencia de un borrador muy avanzado.
Por otro lado Torres ha abordado con el conseller balear la necesidad de cambiar la ley para desguazar aquellos vehículos inmovilizados por haber ejercido ilegalmente el transporte de personas, y que permanecen abandonados en depósitos municipales, suponiendo un coste para los ayuntamientos, además de un problema de espacio. En este sentido, el Consell d’Eivissa tiene alquilado un terreno que se emplea como depósito, pero es una medida temporal que resuelve definitivamente la problemática actual, por lo que el Consell presentó una propuesta de cambio legislativo, recogiendo la petición de los cinco ayuntamientos de Eivissa, para agilizar el desguace de aquellos vehículos que no son reclamados.
Por último, el vicepresidente segundo ha expuesto al conseller balear la necesidad de que el Govern haga frente al déficit de transporte público de Ibiza, al igual que si ha hecho con la isla de Mallorca, obligando a tener que hacerlo con cargo a presupuestos ordinarios del Consejo. “Estamos hablando de un déficit de unos 2,3 millones de euros, y no asumirlos por parte del gobierno supondría un agravio comparativo que la ciudadanía nunca entendería”.
