Este periódico publicaba hace unos días una noticia singular. Cuando menos si nos atenemos al título: “Los productores pretenden nombrar al nuevo director de IB3” (Diario de Mallorca, 5-6-15). Es verdad que esos productores se reducían a las productoras integradas en la Associació de Productores Audiovisuals de Balears, pero, aun así, semejante pretensión no debe de tener precedentes en el hemisferio comunicativo español. Figúrense, por un momento, que la Federación de Empresas Hoteleras de Mallorca le indicara al Govern Balear quién ha de ser el próximo consejero de Turismo; la que se armaría. En cambio, esas productoras de Balears pedían a Més, Podem y PSIB que las tuvieran en cuenta a la hora de tomar una decisión, dado que “quien más sabe de televisión „argüían„ y de cómo hay que gestionar IB3 somos las productoras y los profesionales del sector”. Es posible que semejante alegría esté relacionada con el perfil profesional del cabeza de lista de Podem y con la percepción, bastante fundada, de que ese partido va a jugar en el futuro un papel decisivo en la gobernanza de la Comunidad. Pero, en fin, uno creía que IB3, más que a la producción, se dedicaba a la información. Que para eso había venido al mundo, en una palabra.

En todo caso, lo que revela esa anécdota es la convicción de que ha llegado la hora de presionar al nuevo gobierno, incluso en estado naciente. Se trata de una convicción hasta cierto punto normal. Los lobbies son consustanciales a las democracias avanzadas. No sé si la nuestra lo es, pero confío en que, como mínimo, lleve camino de serlo. Ahora bien, la existencia de un lobby, o de una entidad que aspire a tal título, ni supone ni debería suponer un quebranto del marco legal. Y no lo digo por esa Associació de Productores Audiovisuals, que, al fin y al cabo, se acoge a la libertad de opinión para defender sus intereses, sino por la Assemblea de Docents, que obra de modo harto distinto.

Como sin duda sabrán, la Assemblea ha logrado que una veintena de claustros de los 46 convocados hasta ahora en Balears se nieguen a aprobar la distribución por materias de las tres horas lectivas de libre designación que la Lomce prevé en el desarrollo autonómico del currículo. Con dicha negativa los promotores del boicot consiguen paralizar la vida académica, puesto que los equipos directivos de esos centros carecen de la información suficiente para planificar sus plantillas con vistas al próximo curso. Sobra indicar que no estamos aquí ante la expresión de un punto de vista, o de una discrepancia formal o de fondo, sino pura y simplemente ante un desacato. Los miembros de esos claustros que han votado a favor del bloqueo están votando, en realidad, en contra de la aplicación de una ley aprobada en un Estado de derecho y que a todos obliga –y en especial a quienes, por su condición de funcionarios, deberían ser los primeros en cumplirla–. El problema es que un desacato por parte de un servidor de lo público que no halla respuesta en la Administración –y no habido respuesta, como mínimo, hasta el momento de escribir estas líneas– se convierte, a ojos del común, en una mera expresión del libre albedrío. Y el marco legal se va disolviendo como un azucarillo.

Esa Administración, dentro de nada, va a cambiar de manos y de color político. Quienes han amparado y legitimado a lo largo de estos últimos años a la Assemblea de Docents van a ser quienes tendrán en adelante la obligación de hacer cumplir la ley y, en consecuencia, de enfrentarse a los boicots y desacatos que, de no mediar milagro, esa misma Assemblea va a continuar promoviendo. Han engordado la bestia y ahora deberán lidiar con ella. Y dudo mucho que vaya a servirles seguir tomando como chivo expiatorio de todos sus males al todavía presidente Bauzá.

 

Este artículo se publicó en el Diario de Mallorca el día 10 de junio de 2015.