En estas primeras semanas de vida del nuevo Govern de Francina Armengol hemos podido comprobar, con cierto estupor, cuáles son las prioridades del Pacte en materia educativa. Que son las de siempre. Las que han fracasado una y otra vez. Con la vuelta a una inmersión lingüística obligatoria y la derogación –mal hecha y con defectos de forma– de la llamada ‘Ley de símbolos’, parece evidente que el nuevo Govern quiere volver a convertir la educación pública en un instrumento para la imposición de la lengua y la cultura catalana a los niños de Baleares, en vez de transformarla en un instrumento para el desarrollo académico orientado a la excelencia.

Y, con su última medida, el Govern parece haber puesto a la escuela concertada en su punto de mira, empezando por los colegios del Parc Bit. Las declaraciones del director general de Planificación, quien señaló que mientras se estudia la posible ilegalidad en la concertación de dichos colegios se les negará ya para el próximo curso el citado concierto del que disfrutan en infantil y primaria, son un auténtico despropósito. Un ejecutivo no puede actuar de manera despótica y visceral movido exclusivamente por prejuicios ideológicos, sino que ha de gobernar cumpliendo con la legalidad y generando confianza y seguridad jurídica en sus ciudadanos.

Es especialmente sangrante que el Govern haya admitido además, y sin ningún tipo de reparo, que sus medidas pueden dar lugar a indemnizaciones –que es lo más probable, de acuerdo con la legislación vigente y atendiendo a las resoluciones judiciales del TSJB, que están dando la razón a estos conciertos–, que por supuesto se pagarían con el dinero de todos los contribuyentes.

Desde Ciudadanos (C’s) apoyamos no solo a la escuela pública, sino también a la concertada, que aumenta la libertad de las familias a la hora de escoger el modelo que consideren más apropiado para la educación de sus hijos. Todo centro con un modelo educativo que cumpla con la legalidad, sea operativo y tenga la suficiente demanda ha de recibir el concierto educativo en igualdad de trato con el resto de centros, como reflejan los artículos 27.5 y 9 de nuestra Constitución y el artículo 84.3 de la Ley Orgánica de Educación.

Ciudadanos (C’s) es un partido que cree en una escuela pública apolítica, trilingüe, innovadora y profesional así como en la libertad de las familias de escoger el modelo educativo que prefieran para sus hijos. Creemos en la necesidad de un gran Pacto por la Educación que se ha de construir sobre los cimientos de la igualdad de derechos y de oportunidades para todos los alumnos, y en el que el objetivo último de cada medida sea la mejora de la formación del alumno.

Por todo ello le pedimos al Govern que cumpla con la legalidad a la hora de tomar las decisiones en materia de Educación y deje de crear inseguridad jurídica en los centros y en las familias de Baleares, que ven como es el propio ejecutivo el que potencia tanto la exclusión y la discriminación lingüística de los alumnos como el diferente trato en los conciertos de los colegios por prejuicios y dogmatismos ideológicos carentes de base legal alguna.

Olga Ballester es diputada por Ciudadanos en el Parlament balear

Este artículo se publicó en el diario El Mundo / El Día de Baleares el miércoles 5 de agosto de 2015.