- Patricia Guasp ha denunciado que “la presidenta Armengol anunció en marzo una Comisión Bilateral sobre insularidad y aún no tenemos noticias”
Palma, 23 de diciembre de 2019. La diputada y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Patricia Guasp, ha registrado este lunes una Proposición No de Ley para que el Govern inste al Gobierno Central a que “revise de manera inmediata el plus de insularidad de los funcionarios del Estado, funcionarios de prisiones, y Agentes y Cuerpos de Seguridad del Estado destinados en las Islas Baleares y con el objetivo de actualizarlo al coste real de vida en Baleares y que se equipare al complemento de Canarias, Ceuta y Melilla”.
Asimismo, la diputada ha solicitado a la presidenta Armengol que informe sobre el estado de la “comisión bilateral sobre insularidad que anunció en sede parlamentaria el pasado 12 de marzo y tras su audiencia con Sánchez el pasado mes de noviembre” lamentando que “la presidenta dijo que ‘pronto’ se iba a poner en marcha y aún no tenemos noticias de que se haya configurado ni empezado a negociar”.
“La indemnización por residencia para estos profesionales destinados en las Islas Baleares es del todo insuficiente, ya que no compensa el coste de vida en Baleares. El precio de la vivienda, del alquiler y de la cesta de compra es mucho más elevado en nuestras islas que en el resto de la Península, Canarias o Ceuta. Estos profesionales viven situación injusta y discriminatoria, lo que supone un claro agravio comparativo”.
En este sentido, Guasp ha explicado que “mientras en Baleares un profesor o un médico cobra 97,81 euros, en Ceuta o Melilla el plus de residencia para un funcionario del mismo grupo es de 938 euros; en Gran Canaria o Tenerife es de 182 euros y en el resto del archipiélago canario es de 593 euros”.
La diputada también ha denunciado que “el factor de la insularidad y el encarecimiento de la cesta de la compra y de la vivienda está provocando que una gran parte de los empleados públicos del Estado destinados en las Islas Baleares soliciten el traslado a otras comunidades autónomas. Ello ha provocado un déficit en las plantillas de servicios básicos para los ciudadanos y repercute en una peor calidad de empleo y servicio público.
En la PNL solicita además que “esta indemnización por residencia se incluya en el Régimen Especial de las Illes Balears (REIB) y que se tenga en cuenta la doble y triple insularidad de las Illes Balears.”
Las Islas Baleares cuentan con aproximadamente 10.000 empleados de la Administración General del Estado, siendo necesarios más de 11.000 para prestar una atención adecuada a los ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, según los sindicatos.