• Consideran que esta norma interfiere en las competencias de Consell y Ayuntamientos, vulnera el principio de autonomía local y abusa de la figura del decreto ley.

Palma, miércoles 10 de junio de 2020. Ciudadanos (Cs) en el Consell de Mallorca y en Andratx han registrado hoy un documento dirigido al Defensor del Pueblo para que éste presente un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 9/2020, de 25 de mayo, de medidas urgentes de protección del territorio de las Illes Balears, al considerar que interfiere en las competencias tanto del Consell como de los Ayuntamientos de la isla, así como que vulnera el principio de autonomía local.

En su escrito, Cs expone que el citado decreto ley intefiere en las competencias en materia de urbanismo y territorio que son propias del Consell de Mallorca y de los municipios de la isla, a la vez que vulnera el principio de autonomía local que ostentan estas instituciones y que está reconocido en los artículos 137 y 140 de la Constitución.

Asimismo, la formación naranja considera que la citada normativa, aprovechando la grave situación social y económica generada por la pandemia de COVID-19, “abusa de la urgente y extraordinaria necesidad creada por una pandemia que ha significado cientos de miles de contagiados y miles de personas fallecidas, para regular materias no contempladas por esta figura y pervertir la función del instrumento legal del decreto ley”.

La portavoz de Cs en el Consell de Mallorca, Beatriz Camiña, ha explicado que “no podemos permitir que el Govern utilice una cuestión tan grave como la crisis generada por el coronavirus para ningunear al Consell y hacer una clara injerencia en sus competencias, introduciendo además medidas partidistas que no benefician ni a Mallorca ni a los mallorquines”.

Por su parte, el concejal de Cs en Andratx, Gaspar Palmer, ha subrayado que “resulta perentorio encontrar una solución para que nuestras empresas puedan mantener y desarrollar su actividad de una forma adecuada y con total tranquilidad, y este decreto supone un nuevo obstáculo para ello, además de pisar las competencias de urbanismo que tienen los municipios”.