• Patricia Guasp: “Nuestro objetivo es dotar a los propietarios de instrumentos legales que les permitan combatir la ocupación ilegal de viviendas”

Palma, 17 de julio de 2020. La portavoz adjunta de Ciudadanos (Cs) Baleares, Patricia Guasp, ha registrado una proposición no de ley en el Parlament mediante la que insta al Govern a impulsar medidas para defender la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadanas contra la ocupación ilegal de viviendas en las Islas.

Así, “se debe elaborar un Plan Autonómico contra la ocupación ilegal de viviendas que tenga como objetivo la devolución de los inmuebles a sus legítimos propietarios” además “debe incluir medidas de refuerzo de la seguridad y la vigilancia de todos los inmuebles abandonados y que sean susceptibles de una ocupación ilegal” así como “facilitar servicios de asesoramientos y orientación jurídica a los propietarios afectados”, ha señalado Guasp.

En este sentido, “nuestro objetivo es dotar a los propietarios de instrumentos legales que les permitan combatir la ocupación ilegal de viviendas” además de “dotar a las Administraciones de los medios necesarios para combatir este grave problema”.

“Es un problema gravísimo que las mafias se aprovechen de familias vulnerables para engañarlas y extorsionarlas” ha añadido la diputada de la formación naranja y, además, “no podemos perder de vista que estamos hablando de familias que cumplen a diario con sus obligaciones y que han pagado su vivienda con el sudor de su frente”.

Por ello, “no podemos seguir permitiendo que los afectados acudan a la justicia para recuperar sus viviendas y se encuentren, irremediablemente, con un proceso largo y complejo que permite al okupa quedarse durante años en la vivienda a la espera de que un juez decida”, ha denunciado Guasp.

En este sentido, “se debe potenciar la coordinación y la cooperación institucional, así como la elaboración de un protocolo común de actuación, para reforzar la eficacia de esta lucha entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Policías Municipales y la Administración de Justicia”.

Por último, “es responsabilidad del Gobierno central y de las Cortes Generales la promoción de todas las reformas legales que sean necesarias para defender la propiedad privada” y, urge, “introducir modificaciones en nuestro ordenamiento jurídico que afronten, en su integridad, esta problemática”.