• El equipo de gobierno de la institución insular rechaza la moción de Ciudadanos (Cs) que pedía un “posicionamiento claro” a favor de los intereses de los mallorquines.

Palma, jueves 11 de junio de 2020. El Pleno del Consell de Mallorca ha rechazado hoy, con los votos en contra del equipo de gobierno y a favor de todos los grupos de la oposición, la moción presentada por el Grupo Ciudadanos (Cs) contra el Decreto Ley 9/2020 de protección del territorio, lo que supone “un apoyo ‘de facto’ a una norma que atropella las competencias de la institución insular y atenta contra la economía de Mallorca”.

La portavoz de Cs en el Consell, Beatriz Camiña, ha subrayado que el decreto 9/2020 “al no ofrecer ninguna solución concreta a la situación del rústico de la isla, generar mayor inseguridad jurídica y atropellar las competencias del Consell de Mallorca y de los Ayuntamientos de la isla, no protege a las personas, ni al territorio, ni a la economía, por lo que es una norma inútil, además de un insulto”.

Asimismo, Camiña ha subrayado que “pocas veces se ve en este pleno una posición tan firme y unánime de los partidos de la oposición para decir al Govern que se equivoca, que está pervirtiendo la distribución competencial y que muestra una absoluta falta de respeto a la legalidad vigente”. “Ante todo esto el papel de la presidenta de esta casa debería ser defender los intereses del Consell y no agachar la cabeza ante el Govern, que es lo que está haciendo”, ha apuntado.

La portavoz de la formación naranja ha explicado que con el mencionado decreto, “el Ejecutivo balear ataca las dos industrias más potentes que tenemos en Mallorca, el turismo y la construcción, así que nos gustaría que nos explicaran, tanto Armengol como Cladera, qué modelo económico quieren para la isla”. 

“Todo esto es un despropósito, que viene en medio de un estado de alarma en el que los esfuerzos se deben enfocar en parar la pandemia, salvar el máximo número de puestos de trabajo posible y recuperar la economía”, ha indicado Camiña, para quien “no se sabe qué es peor, si pensar que el equipo de gobierno del Consell no sabe que le están pasando por encima, o que sabe que eso está ocurriendo y lo permite”.

Finalmente, Beatriz Camiña ha apuntado que el decreto 9/2020 “es también muy dañino para los municipios, que han visto cómo el Pacte les ha reducido a un mínimo imposible sus posibilidades de adaptar su planeamiento urbanístico a la normativa actual, así como para las empresas que tienen actividad en suelo rústico protegido, que ven cómo una vez más la Administración hace oídos sordos un problema de inseguridad jurídica que vienen arrastrando desde hace décadas”.