Eivissa, 8 de junio de 2020. El Consell d’Eivissa, gobernado por el Partido Popular y Ciudadanos, ha presentado este lunes un plan de medidas consensuado con el resto de fuerzas políticas y los agentes sociales para la reactivación económica, social y medioambiental de Ibiza tras la pandemia de la Covid-19. “Es un documento que tiene que sentar las bases para salir lo más rápido posible de esta crisi sanitaria y así minimizar los daños que pueda causar en la economía. Ha sido un documento consensuado con el sector empresarial, con los sindicatos y con todos los grupos políticos. Nos hemos basado en el diálogo y el consenso, que es la identidad que tiene y que seguirá teniendo el equipo de gobierno del Consell d’Eivissa”, ha asegurado el vicepresidente segundo de la institución insular, Javier Torres (Ciudadanos).
El plan prevé una inversión de hasta 50 millones de euros en el periodo 2020-2023 y se plantea mediante la reorganización del presupuesto de 2020 y el uso del remanente de la institución.
Por su parte, el presidente del Consell, Vicent Marí, ha explicado en rueda de prensa que el principal objetivo es “garantizar la atención y los servicios a la ciudadanía de una manera amplía y segura” en base a la nueva realidad que se vive en todo el territorio. Las medidas se concentran en un decálogo que desarrolla acciones “transversales, dinámicas y participativas”. Además, Marí ha indicado que es un documento “abierto” y que se irá ampliando en función de los retos a los que se enfrente la sociedad.
El plan contempla acciones de modernización y adecuación administrativa institucional; mejora del turismo y estrategia de activación y diversificación; fomento del consumo ligado a la proximidad y autosuficiencia; impulso y fomento de nuevos sectores económicos e industriales; impulso de las energías renovables y la lucha contra el cambio climático; bienestar social y atención a la ciudadanía; recuperación del patrimonio y fomento de la cultura y la actividad creativa; impulso y fomento de nuevas tecnologías; control de actividades ilegales y medidas fiscales, como la flexibilización y el aplazamiento del pago de tributos y tasas.