• El Consell de Mallorca pedirá al Gobierno central que garantice un correcto servicio del SEPE en la isla, gracias a una iniciativa de Cs aprobada por unanimidad en el Pleno.

Palma, jueves 8 de julio de 2021. El Consell de Mallorca pedirá al Gobierno central que garantice la correcta prestación de servicios por parte del SEPE, de manera que se eviten retrasos innecesarios en el cobro de prestaciones y subsidios por parte de los ciudadanos residentes en la isla. La institución insular ha adquirido este compromiso al aprobar por unanimidad una moción del grupo Ciudadanos (Cs) en ese sentido, que también pide una revisión de la indemnización por residencia que perciben los funcionarios que son desplazados a Baleares, de manera que se adapte a los actuales niveles del coste de la vida y del precio de la vivienda.

Según ha recordado Beatriz Camiña, la portavoz de Cs en el Consell de Mallorca, “el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha anunciado el despido, entre julio y diciembre, de los 1.500 funcionarios interinos con que reforzó el SEPE para hacer frente al aluvión de trabajo que se produjo como consecuencia de la pandemia”. “Si ya hay retrasos de unos dos meses en el cobro de los ERTEs, prescindir de todos estos trabajadores supondrá agravar los retrasos aún más, algo especialmente grave en un momento como el actual”, ha subrayado Camiña.

“Existen déficits estructurales de funcionarios en Baleares en el SEPE, que a su vez es un organismo deficitario dentro de la Administración General del Estado. La suma de estos dos déficits hace que haya una escasez de trabajadores y además de que los funcionarios no quieran venir a trabajar al SEPE de Mallorca, y muchos de los que están se quieran ir a otros destinos con un coste de vida más barato”, ha apuntado Camiña.

“La mala gestión de los recursos humanos en el SEPE no la pueden pagar los mallorquines”, ha apuntado Camiña, quien ha exigido “una solución a este problema, que puede agravar la ya de por sí difícil situación que ya viven muchos mallorquines, lo que podría traducirse además en una presión sobre los servicios sociales de la isla”, ha concluido Camiña.